16/01/26.-
El Poder Judicial dictó una sentencia de nueve años de prisión efectiva contra tres exfuncionarios del Gobierno Regional del Callao y un empresario privado, hallados responsables del delito de colusión agravada en perjuicio del Estado por irregularidades cometidas durante la compra de mascarillas y alcohol en plena emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19.
Además de la pena privativa de la libertad, todos fueron inhabilitados por 12 años para ejercer cargos públicos y deberán asumir de manera solidaria el pago de una reparación civil ascendente a un millón 900 mil soles.
El caso fue investigado por el Primer Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del Callao, bajo la conducción de la fiscal provincial Patricia Jeanette Polo Román. Durante el juicio se logró probar que, en abril de 2020, los exfuncionarios concertaron con el proveedor para direccionar de forma irregular la adquisición de mascarillas, alcohol en gel y jabón, aprovechando el contexto del estado de emergencia.
Las indagaciones revelaron que la Gerencia de Desarrollo Social formuló requerimientos sin sustento técnico y alteró especificaciones para favorecer al proveedor, incluso modificando el gramaje de los productos. A ello se sumó la simulación de una supuesta competencia desde el área de Abastecimiento, mediante invitaciones a empresas inexistentes o correos electrónicos falsos, con el fin de dar apariencia de legalidad y justificar la sobrevaloración de precios.
Este fallo se inscribe en un escenario más amplio de investigaciones por presunta corrupción en el GORE Callao. El Ministerio Público mantiene procesos en curso contra otros exfuncionarios, entre ellos Omar Romero Aquino y Carlos Palacios Meza, para quienes se solicitan penas de hasta 10 años de prisión, así como contra José Abelardo Izquierdo, exencargado de adquisiciones.
Asimismo, sigue en investigación el caso conocido como Los Socios del Gore Callao, una presunta organización criminal que habría dirigido decenas de contrataciones públicas por más de 1.4 millones de soles. La sentencia refuerza la evidencia de cómo la emergencia sanitaria fue utilizada como oportunidad para prácticas corruptas, evidenciando fallas estructurales en los mecanismos de control del gasto público en situaciones de crisis.